Valparaíso, el Patrimonio como Bien Común

Todas las personas tienen derechos culturales, que han sido incluidos de manera progresiva en diferentes documentos de organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (véase Laaksonen). Estos derechos reconocen el derecho a la cultura, a que cada persona cuente y desarrolle una cultura que le es propia, e implica un respeto por los valores, prácticas, saberes y costumbres que le son propios. Sin duda, cada cultura tiene expresiones de su forma de vivir, y esto genera una forma de habitar que se concreta en soluciones materiales e inmateriales. Ambas dimensiones dan forma a lo que actualmente se entiende por Patrimonio, y de acuerdo a su vinculación con los derechos culturales tanto las culturas como sus expresiones demuestran y encarnan la diversidad. Hoy el debate cultural internacional, y desde hace ya dos décadas, tiene un eje de gran importancia en la diversidad, y en cómo la evolución de nuestras sociedades, la superación de sus problemas y desafíos principales comienzan por un reconocimiento de la diversidad cultural Véase Appadurai y Stenou). Es importante destacar la vinculación entre estos temas porque cada uno de ellos -derechos culturales, patrimonio(s), diversidad- son temas complejos, no por dificultad, sino por riqueza. Y como sociedad, ninguna se puede permitir rechazar o desconocer su propia riqueza.

A su vez, esta mirada nos permite establecer también un recorrido de estos temas tomando en cuenta una perspectiva de escala: si un grupo pequeño de personas tiene una cultura común que emerge de sus derechos culturales, deben ser respetados en un esquema de convivencia diversa, y este respeto abarca sus expresiones y Patrimonios. Esto permite aceptar que un barrio puede tener una cultura local propia, y esta puede tener expresiones y concresiones que de acuerdo a su duración pueden ser históricas, y por ello, un análisis patrimonial actualizado debería considerar esta cultura y patrimonio local como parte integrante de la cultura y del Patrimonio diverso de una ciudad. De la misma manera, la producción de una cultura y de sus consecuencias expresivas suponen un desarrollo temporal, y este ha sido llevado a cabo por un conjunto de personas, agentes locales que han usado su patrimonio de saberes, prácticas y símbolos para concretar la salida o el avance  colectivo respecto a problemas y desafíos que se extienden de lo cotidiano a lo social. Y si se entiende de esta manera, se asume además que las personas, los grupos sociales, y los colectivos tienen un rol activo en la producción (y destrucción) de culturas y patrimonios, y por ello, enfrentados a las consecuencias positivas y negativas de la acción humana, también deben entenderse las responsabilidades que se ejercen al actuar individual y colectivamente. Es debido a ello, que es interesante aplicar la visión de Ellinor Ostrom (Premio Nobel de Economía) al tema Patrimonial, apuntando a que este puede ser entendido como un bien común, y que por lo tanto pueden aplicarse los modelos de gobernanza de los Bienes Comunes que Ostrom ha desarrollado en su trabajo de investigación y académico.    

Resulta valioso entender el tema Patrimonial como un problema de gobernanza de bienes comunes porque cambia el eje de análisis y discusión, y abre la posibilidad de generar una dinámica "virtuosa" para la resolución de situaciones en que tanto el patrimonio está en peligro, como en el reconocimiento de los derechos culturales implicados en la producción de culturas locales y minoritarias. En la situación actual, tanto a nivel de Chile como a nivel internacional el debate patrimonial tiene un fuerte componente técnico, ya que muchas de las resoluciones que deben tomarse respecto a la protección y conservación del patrimonio material e inmaterial, que implican inversiones importantes, y conocimientos detallados que afectan a la factibilidad de proteger o conservar los bienes implicados. Pero se trata de una situación que se basa en un entendimiento previo de las responsabilidades ante el Patrimonio, respecto a las cuales los estados tienen un rol preponderante. Sin embargo, es totalmente visible hoy que la ciudadanía está ejerciendo el derecho a participar en el debate patrimonial, y ello, muchas veces a través de la generación de movimientos ciudadanos locales a través de los cuales generan una línea de actuación que busca incidir en la mirada y en las decisiones que los organismos técnicos, los privados, y las administraciones públicas están tomando al respecto. Esto permite ver la necesidad de contar con un nuevo entendimiento de las responsabilidades respecto del patrimonio, que devuelva a las personas y colectivos un rol en este debate, que por ello se revela no como un mero dialogo entre partes sino en un proceso de co-construcción, respecto de cual todos los aportes son relevantes, y las responsabilidades requieren ser ajustadas respecto de aspectos de gran relevancia como el reconocimiento de las capacidades que implica la adecuada solución de cada uno de los temas. Y, además, es de suma importancia reconectar la dimensión técnica con las culturas locales en las cuales el patrimonio se asienta. Muchas veces, las soluciones técnicas fallan porque no se hace un reconocimiento de cuáles son las características mínimas de la cultura local en la cual se realiza una "intervención" patrimonial, y eso se resuelve únicamente cambiando la estrategia de gestión, que por resumirlo podemos llamar "pasar de la intervención a la co-construcción". Es por este motivo que documentos como "Citzens as a partners" (los ciudadanos como socios) de la OCDE ofrecen un trasfondo para avanzar a la producción de nuevos modelos de gobernanza  en los cuales el rol de la ciudadanía es más abierto (no sólo de consulta), y que por ello, se le reconoce un rol implicado en lograr la solución que se busca. Esto es ampliamente coincidente con el discurso de los derechos culturales y también con un entendimiento del rol de la diversidad cultural como la gran productora de las soluciones a los conflictos sociales existentes. El antropólogo Arjun Appadurai dice que la “capacidad de absorción” de diversidad es la que  produce las respuestas a los conflictos sociales más importantes. Y, tomando en cuenta esta visión y lo que supone una mirada de derechos en el tema patrimonial, todo apunta a que una nueva generación de políticas culturales dedicadas al Patrimonio deberían basarse en la co-construcción con la ciudadanía, y para ello, todas las pruebas y ejercicios que surgen desde la ciudadanía deben ser reconocidas como buenas prácticas en las cuales se deberían basar las nuevas políticas.

Ellinor Ostrom investigó durante décadas cuáles eran los sistemas de gobernanza colectivos o comunitarios que más duración habían tenido en la historia, y comprobó que los sistemas más antiguos y vigentes eran la gestión colectiva de las aguas, que para los casos de mayor duración se comprobaba 800 años de existencia, y algunos de ellos estaban vigentes al momento de su investigación. Del estudio de estos modelos de gobernanza colectiva de bienes comunes ella extrajo sus principios de diseño, que son principios para generar modelos de gobernanza colectivos de bienes comunes.  Ella los resume en una frase:

“Permítaseme resumir mis argumentos hasta aquí. Cuando los usuarios de un recurso diseñan sus propias reglas (principio de diseño 3), reglas que son impuestas por usuarios locales o por personas responsables ante ellos (principio de diseño 4), empleando sanciones graduales (principio de diseño 5) que definen claramente quién tiene derecho a explotar un recurso bien definido (principio de diseño 1) y que efectivamente asignan costes proporcionales a los beneficios (principio de diseño 2), los problemas de acción y vigilancia colectivas tienden a resolverse de una manera que fortalece a la comunidad.”

Sin duda que la aplicación de los principios de Ostrom, supone la identificación precisa del recurso a gobernar de manera común, y además, se supone que todos los que están vinculados al uso de este recurso deben participar de la definición de reglas de uso y del establecimiento de los sistemas de administración y de sanción que afectan al recurso y aseguran su mantención.
En el caso del patrimonio se puede comenzar por plantear que el recurso se delimita por las culturas en que se sitúa el Patrimonio, y por las expresiones (materiales e inmateriales) que caracterizan este patrimonio.  La delimitación misma es un proceso, participativo y cultural, a través del cual una comunidad, o un conjunto de ellas, se aclara respecto de las responsabilidades comunes para mantener y seguir disfrutando de este patrimonio.

La aplicación de estos principios de diseño a la gobernanza del bien común Patrimonio a una ciudad como Valparaíso supone un desafío de innovación social importante.  Tal vez una ventaja sea que se comienza con una delimitación previa del recurso que es la establecida por la protección de UNESCO al declararlo el “sitio” como “Patrimonio de la Humanidad”. Es un comienzo, porque luego surgen otras variables que también deben ser consideradas, como que la mantención del sitio requiere un “Sistema de Administración”, o que de acuerdo a otro criterio de UNESCO, la zona de “amortiguación” del sitio, o requiere ser gestionada, o puede avanzar hacia una declaración de toda la ciudad como “Paisaje Histórico protegido” (según el análisis de Sofía Vargas-Koch). Pero todas ellas, ofrecen un espacio importante para un trabajo de co-construcción entre todos los agentes sociales para lograr un modelo de gobernanza que se base en esta mirada hacia los bienes comunes planteada por Ellinor Ostrom.  


No hay gestión sin educación
Como hemos podido explicar, la idea de plantear estos principios de diseño a la gobernanza del bien común Patrimonio de Valparaíso, es un proceso, y como tal debe ser considerado en una mirada que conecta tiempos: se trata de establecer acciones que deben hacerse en presente (urgentes) y de otras acciones que deben hacerse en el futuro (con distintas temporalidades, 5, 10, 15, 20, 50 años).  En todas las escalas se presenta un desafío de capacidades (contar con conocimientos y habilidades básicas), y la identificación de estas abarca diversos desafíos como contar con un “idioma” común (definiciones, distinciones) , y desde este, identificar como establecer prioridades, planes de acción y formas de compartir responsabilidades. Se haría un importante avance al aceptar entre muchos que se requiere poner en marcha el trabajo, pues supondría que respecto de la prioridad principal, dar gobernanza a un bien común, se ha avanzado. Dijimos que se trataba en nuestra opinión de un desafío de innovación social, pero mas precisamente, y para generar una visión más acotada, se trata de un proceso que supone unas capacidades para innovar desde la ciudadanía hasta el gobierno (en sus diferentes niveles: local, regional, nacional, e internacional).  Esta capacidad para innovar encuentra sustento en la revisión de las capacidades conjunta que todos los actores deben hacer, pues mientras la ciudadanía tiene que avanzar en aprendizajes específicos como la autoorganización y el compromiso cívico, los diferentes niveles de gobierno deben avanzar en aprendizajes respecto de la naturaleza del Patrimonio, y la formas inclusivas de gestionarlo. Y, este es el marco más adecuado para producir avance, cuando hay un aprendizaje a lograr que supone un constante y estable trabajo conjunto. Este marco genera las condiciones para escuchar y luego revisar los instrumentos a través de los cuales se produce la gobernanza, que comienza en el ejercicio del respeto básico de la convivencia democrática.

Para terminar, dejamos apuntadas un grupo de preguntas básicas que organizan la aplicación de los principios de diseño de Ellinor Ostrom.
1. ¿Cuál es la mejor manera de definir los límites de este recurso y los de los individuos que lo usan para que esté claro quién está autorizado a explotar el recurso y dónde puede hacerlo?
2. ¿Cómo podemos clarificar la relación entre los beneficios percibidos y la contribución a los costes de sostenimiento de este sistema?
3. ¿Cómo podemos mejorar la participación de los actores implicados en la toma de decisiones clave sobre este sistema?
4. ¿Quién vigila el sistema? Tiene incentivos apropiados, dado el riesgo que supone la vigilancia?
5. ¿Cuáles son las sanciones autorizadas? ¿Pueden ajustarse para que alguien que cometa un error o una pequeña infracción sea convenientemente avisado y se asegure el cumplimiento a largo plazo, sin tratar de imponer sanciones poco realistas?
6. ¿Qué mecanismos locales existen para resolver los conflictos que surjan respecto al uso de este recurso?
Los principios séptimo y octavo se orientan a un nivel superior en el control del recurso. Pueden traducirse del siguiente modo:
7. ¿Hay intentos funcionales y creativos por parte de los apropiadores locales para elaborar mecanismos eficaces de administración de los recursos locales que deban tenerse en cuenta?
8. ¿Cómo se puede crear un sistema policéntrico y de múltiples niveles que pueda ser dinámico, adaptativo y eficaz en el tiempo?
 

Por Iván Orellana, Noviembre del 2016

Referencias
Laaksonen, Annamari; La cultura comprometida; Periférica Internacional. Revista para el análisis de la cultura y el territorio, núm. 7 (2006).
Amy R. Poteete, Marco A. Janssen, Elinor Ostrom; TRABAJAR JUNTOS Acción colectiva, bienes comunes y múltiples métodos en la práctica, UNAM, 2012.
Citizens as partners: OECD handbook on information, consultation and public participation in policy making (2001).
Appadurai, A., & Stenou, K. (2000). El pluralismo sostenible y el futuro de la pertenencia.UNESCO. Informe Mundial de la Cultura. Diversidad cultural, conflicto y pluralismo.